
Puella señaló que la coordinación entre organismos estatales resulta necesaria para afrontar incendios, inundaciones, epidemias o desastres ambientales, pero advirtió que «el problema aparece cuando la coordinación deja de ser un mecanismo de cooperación para convertirse en una herramienta de subordinación funcional».
Según explicó, la resolución incorpora a una estructura coordinada por el Ministerio de Seguridad a organismos como el SENASA, el INDEC, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Administración de Parques Nacionales, el ORSEP, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias y distintas áreas vinculadas con la producción, el turismo y la infraestructura.
En ese sentido, sostuvo que «la fortaleza de los organismos científicos y técnicos radica precisamente en su autonomía», ya que su función consiste en «producir información objetiva, elaborar diagnósticos independientes y ofrecer evidencia para la toma de decisiones públicas, aun cuando esa evidencia resulte incómoda para el gobierno de turno».
El dirigente advirtió que «cuando esa producción de conocimiento queda inserta dentro de una estructura cuya lógica principal es la seguridad, el riesgo es evidente: la ciencia deja de ser un límite para el poder y comienza a transformarse en uno de sus instrumentos».
Asimismo, remarcó que «el conocimiento técnico no puede quedar condicionado por objetivos políticos coyunturales» y agregó que «las estadísticas oficiales, los controles sanitarios, los informes ambientales, las evaluaciones de infraestructura crítica o los estudios nucleares solo conservan legitimidad cuando son elaborados con independencia profesional».
Desde el punto de vista jurídico, Puella afirmó que el Poder Ejecutivo cuenta con atribuciones para coordinar la administración pública, aunque aclaró que esas facultades encuentran límites en los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad y especialidad funcional.
Al respecto, sostuvo que «ninguna reorganización estatal puede desnaturalizar la finalidad para la cual fueron creados organismos especializados», y advirtió que «si una estructura centralizada termina condicionando, orientando o limitando esa autonomía, el debate deja de ser administrativo para convertirse en una cuestión constitucional».
En otro tramo del documento, el exfuncionario aseguró que «la información pública no pertenece al gobierno. Pertenece a la sociedad», y consideró que «la existencia de organismos especializados, capaces de producir conocimiento independiente, constituye un mecanismo de control institucional que evita la concentración excesiva del poder político».
También afirmó que «la diferencia entre coordinar y conducir no es semántica. Es institucional», ya que «cuando los datos científicos pasan a depender de una estructura cuya prioridad es la seguridad, existe el riesgo de que el conocimiento deje de orientar las decisiones para comenzar a justificarlas».
En sus conclusiones, Puella sostuvo que «un Estado fuerte no es aquel que concentra toda la información en un único centro de decisión. Es aquel que cuenta con instituciones fuertes, técnicamente independientes».
Además, afirmó que «la libertad también exige instituciones autónomas, información pública transparente y organismos capaces de decir la verdad sin depender del poder político».
Finalmente, concluyó: «Toda reforma institucional merece ser debatida. Pero cuando una decisión administrativa tiene potencial para alterar el delicado equilibrio entre la política, la ciencia y la administración pública, el debate ya no puede quedar limitado a los despachos oficiales. Debe involucrar a toda la sociedad, porque lo que está en juego no es únicamente la organización del Estado, sino la calidad de nuestra democracia».
https://agenciaelvigia.com.ar/nota/5984/cuestionan-la-centralizacion-de-organismos-tecnicos-en-el-ministerio-de-seguridad/