Marcelo Puella

Con la excusa de la “inviolabilidad de la propiedad privada”, el Gobierno de Milei impulsa la derogación encubierta de la Ley 26.737. Se eliminan los topes a la extranjerización y se habilita la venta de tierras con agua, en frontera y hasta incendiadas. El agua, el litio y la Patagonia en la mira.

La Patria no se vende. Se defiende. Pero este jueves 6 de agosto el Senado de la Nación puede dar un paso irreversible hacia la disolución territorial argentina.

¿Qué dice esa ley que tanto molesta a Sturzenegger y a Milei? No prohíbe nada. Simplemente dice que la Argentina no puede ser comprada entera por capitales foráneos. Establece tres resguardos mínimos de sentido común: que ningún grupo extranjero pueda poseer más del 15% de nuestras tierras rurales, que una sola nacionalidad no pueda acaparar más del 30% de ese porcentaje, y que ningún extranjero pueda tener más de 1.000 hectáreas en la zona más fértil del mundo. Y prohíbe, con criterio soberano, vender tierras que contengan cuerpos de agua de envergadura o que estén en zonas de frontera.

Con esa ley vigente, ya tenemos 13 millones de hectáreas extranjerizadas. Ya hay departamentos donde más de la mitad del suelo ya no es argentino: San Carlos con 59,82%, Molinos, General Lamadrid, Lácar. Salta, Misiones, San Juan ya superan el 10% de extranjerización.

¿Qué propone el proyecto de Milei? Borrar todo. Deroga los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26.737. Cero topes. Cero límites por nacionalidad. Cero límites de superficie. Y desaparece la protección sobre el agua y la frontera.

Pero si fuera poco, le agregan una cláusula colonial: el “silencio positivo”. Si una empresa estatal china, norteamericana o qatarí pide comprar 20.000 hectáreas con un río adentro y la provincia no contesta a tiempo, se considera aprobado. Entrega por cansancio. Entrega por omisión.

Pero el negocio no termina ahí. El mismo proyecto elimina la prohibición de vender tierras incendiadas. Hoy la Ley de Manejo del Fuego impide comercializar un campo quemado por 30 a 60 años para evitar la especulación. Milei quiere borrarlo. ¿Quién gana? El que prende fuego barato y vende caro. Greenpeace ya lo denunció.

¿Para quién es este negocio? El vocero presidencial, Adrián Ravier, lo confesó sin pudor: “proyectos millonarios, especialmente en el sector foresto-industrial y en provincias del NEA, Cuyo y la Patagonia”.

Traducido al idioma de la soberanía:

1. ⁠El agua. Mientras por un lado reforman la Ley de Glaciares para permitir mineras al lado de los glaciares, por el otro liberan la compra de tierras con ríos, lagos y glaciares adentro. Quien tiene la tierra con agua, tiene la vida de la Patagonia.
2. El litio y el cobre. El RIGI ya les regaló exenciones impositivas obscenas. Ahora necesitan el territorio. No es casual que la AmCham de EE.UU. festeje la reforma y pida acelerar inversiones para sacar a China del litio jujeño y del cobre sanjuanino. Nos quieren convertir en enclave neocolonial, exportador de materia prima sin valor agregado.
3. La especulación inmobiliaria de alta gama. Como el caso que ya se ve en la Patagonia: empresarios qataríes que compran 10.000 hectáreas para hacer un resort de lujo con tres centrales hidroeléctricas propias.

Milei ya intentó hacer esto por decreto con el DNU 70/23. Lo frenó el Centro de Ex Combatientes de Malvinas, que entendió mejor que nadie que entregar la tierra es entregar la causa Malvinas.

Como dijo Arturo Jauretche sobre el Pacto Roca-Runciman: esto es el nuevo estatuto legal del coloniaje. No hay país serio en el mundo que haga esto. Estados Unidos, Canadá, Australia, todos limitan la compra extranjera de tierras estratégicas.

Defender la Ley 26.737 no es peronismo, ni kirchnerismo, no es izquierda, no es derecha. Es argentinidad. Es entender que sin tierra no hay Nación.

El jueves no se vota una ley más. Se vota si la Argentina sigue siendo de los argentinos.

Ley de Tierras: “El gobierno de Milei quiere legalizar el saqueo”